Imagínese tener quince años y ser ciudadano del país donde nació. Usted vive ejerciendo todos los derechos y responsabilidades de un ciudadano, pero vive con un miedo constante: llegar a casa un día de la escuela y no encontrar a sus padres, quedándose con sus cinco hermanos menores. A menos que se hayan tomado medidas legales antes de la deportación de sus padres, el estado puede colocarlo junto con sus hermanos donde una familia adoptiva.
Imagínese que usted fue llevado a un país por sus padres cuando era niño. Ahora tiene veinte años y el único país que conoce lo deporta al país de sus padres. No sabe el idioma ni entiende la cultura. Usted es deportado a un lugar desconocido y se le prohíbe regresar a donde ha vivido toda su vida. Tendrá que esperar ahora por lo menos diez años antes de buscar una vía legal para volver a casa.
Estas no son situaciones inventadas por la imaginación. Son casos concretos que he tratado como sacerdote en nuestra diócesis. Ya que estos casos se repiten diariamente en nuestro país, el Arzobispo Gómez de Los Angeles ha dicho, “Los Estados Unidos siempre ha sido una nación de justicia y de leyes. Pero como americanos también siempre hemos sido un pueblo de generosidad, misericordia y perdón. Desafortunadamente, la respuesta actual de nuestra nación a la inmigración ilegal no es digna de nuestro carácter nacional.” La Iglesia debe responder a este sufrimiento.
Después de pedir por muchos años una vía para regularizar el estatus migratorio de aquellos que fueron traídos a los Estados Unidos como niños, llamados colectivamente dreamers, el Departamento de Homeland Security anunció en junio del 2012 que aquellos que entraron al país como niños y cumplen con ciertos requisitos, podrían pedir ser considerados para una acción diferida de dos años.
Esto permitió a aquellos menores de treintaiun años que entraron al país antes de los dieciséis años, que no han salido de los Estados Unidos durante los últimos cinco años, que están en la escuela o ya graduados, o son veteranos de las fuerzas armadas y no tienen antecedentes penales, solicitar un período de dos años renovable durante el cual no serán deportados. Después de completar documentos, recopilar evidencia y pagar $465, estos jóvenes celebran ya que no tienen que vivir con miedo. Podrán trabajar legalmente, pagar impuestos y obtener su licencia de conducir. La esperanza de los dreamers ahora es que cada dos años puedan pagar $465 y permanecer en el país sin llegar a ser ciudadanos estadounidenses. Idealmente el Congreso aprobará el Dream Act para ajustar permanentemente su estatus, pero el Dream Act ya ha fracasado varias veces en el Congreso.
Estos dreamers se consideran americanos, hablan inglés y se sienten en casa en los Estados Unidos. Quienes no se apiadan de estos dreamers deben considerar las palabras del Beato Juan Pablo II en Veritatis Splendor #80 (citando Gaudium et Spes) donde considera la deportación como un mal intrínsico que hace violencia a la dignidad de la persona humana junto con el aborto, eutanasia y tortura entre otros. Las opciones para los dreamers son sombrías, o permanecer en las sombras en el país que aman o ser deportados al país de sus padres el cual no conocen. La acción diferida es una solución temporal, asi que los dreamers esperan una reforma migratoria con gran ansiedad al igual que la Iglesia, puesto que el futuro de la iglesia depende de los jóvenes.
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